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“El delito de desacato es nuevamente incluido como tal en la legislación penal paraguaya” – Abogado Santiago Gadea Prado
Luego de transcurrida más de una década desde que nuestra legislación penal de fondo y forma sufrieran una importante reforma, el 9 de Agosto de 2012 el Poder Legislativo dicto la Ley Nº 4711 que nuevamente tipificó la figura penal del DESACATO como delito contra las funciones del Estado. La mencionada ley sanciona a quienes incumplen una orden escrita dictada en forma legal por una autoridad judicial competente, fijando penas privativas de libertad de 6 a 2 años o multa. La pena podrá ser elevada a 5 años cuando el autor haya sido apercibido previamente por escrito de parte de la autoridad judicial o fuere un funcionario público (empleado o contratado por el Estado) e incluso no sustituible por multa en caso de que el autor facilitare o posibilitare la comisión de otros hechos punibles. Podemos hacer notar que la norma requiere que la orden emane de una AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, que sea ESCRITA y que haya sido dictada en LEGAL FORMA. Circunscribe por tanto la ley a un particular sujeto, la autoridad judicial, excluyendo por tanto las autoridades de otros ámbitos. Dicha autoridad judicial a su vez debe ser la competente para emitir la orden, es decir, debe contar con atribuciones para entender, juzgar y emitir el requerimiento en ejercicio del poder coercitivo que le confiere la ley. Asimismo, requiere la ley que la orden se encuentre instrumentada, valga decir, que sea escrita, excluyéndose por tanto a las órdenes verbales. En este punto consideramos que el legislador, en aras de dotar de seguridad y certeza al eventual conflicto, excluyó las ordenes que la autoridad judicial puede dar en juicios o diligencias donde prima la oralidad, cuestión que la práctica deberá saber sortear, interpretar y juzgar de tal modo a evitar que conductas que riñan con la intención punitiva del legislador queden sin ser sancionadas. Aventuramos pues a considero que el acta en el cual se asientan las actuaciones o diligencias podrían constituir el principio el soporte material que exige la norma. Finalmente presupone el hecho punible que la orden escrita se ajuste a la ley, o bien, no sea arbitraria. Ello desde luego halla su fundamento en que todas las órdenes, decisiones, requerimientos de autoridad deben fundarse en la ley y no en el mero arbitrio o capricho de la autoridad, frente a la cual el particular se encuentra incluso habilitado a ejercer su derecho de resistencia consagrado en la propia Constitución Nacional. Mucho se ha discutido desde la reforma penal sobre si existió una omisión, voluntaria o no, de incluir la figura del desacato, o si ella podía ser suplida con otra prevista en el Código Penal, tales como la resistencia o la obstrucción a la justicia. Hoy nos encontramos ante el dictado de la Ley 4711 que vino a poner fin a esta larga discusión, y a satisfacer aquella exigencia de parte de Jueces y Justiciables de contar con normas claras, precisas y concretas que sirvan de herramienta para sancionar a aquellos que se resisten o no colaboran con el fiel cumplimiento de las órdenes judiciales, conspirando así contra la paz social que busca al administración de justicia. Texto de la Ley 4711. Artículo 1°.-DESACATO DE ORDEN JUDICIAL. El que incumpliere una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa. Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial correspondiente o fuere un funcionario público, en los términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta cinco años. En los casos del párrafo anterior o cuando el mismo facilitare o posibilitare la comisión de otros hechos punibles, la pena privativa de la libertad también será de hasta cinco años y no será sustituible por la multa. La autoridad judicial cuya resolución hubiera sido incumplida informará el hecho al fiscal penal de turno, para que este impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto de la flagrancia. Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Abog. Santiago Gadea


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